Es el documento técnico fundamental que respalda todo el proceso de decisión en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Este procedimiento administrativo se utiliza para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que un proyecto puede generar en su entorno si se lleva a cabo. El objetivo es permitir que la administración competente decida si acepta, rechaza o modifica el proyecto.

Los proyectos cuya autorización o aprobación recae en la Administración General del Estado (como refinerías, grandes centrales de producción eléctrica, fabricación de explosivos, aquellos que afectan a la seguridad nacional, infraestructuras de competencia estatal, etc.) deben someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, siempre que así lo estipule el RDL 1/2008, de 11 de enero, que aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. En estos casos, el órgano ambiental competente es el Ministerio de Medio Ambiente.

Durante la tramitación ambiental de estos proyectos, si están ubicados en el ámbito territorial de Granada, el Estado debe consultar obligatoriamente a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente. Esta Consejería participará en el proceso de tramitación conforme a lo establecido en los artículos 4, 8, 9 y 17.2 del mencionado RDL.